Una jueza de Santiago ordenó este viernes prisión preventiva por un año contra los señalados como cabecillas de una estructura criminal que, según el Ministerio Público, operaba desde República Dominicana para estafar y extorsionar a residentes en Estados Unidos. El tribunal también declaró el proceso de tramitación compleja, una decisión que pone de relieve el tamaño del expediente, la cantidad de implicados y el tiempo durante el cual habría funcionado la red.
La pesquisa ubica el centro de operaciones en el municipio de Jacagua, en Santiago, e identifica al menos a 18 personas, aunque las autoridades no descartan que el número sea mayor. Según el expediente, el esquema reunía anuncios para captar víctimas, contacto directo, amenazas, chantaje y exigencias de dinero. Para incrementar la presión, los involucrados se hacían pasar por supuestos integrantes de organizaciones criminales internacionales, entre ellas el llamado “Cartel de Sinaloa”, y remitían imágenes violentas y mensajes intimidantes para obligar transferencias.
Más que una red con funciones definidas y métodos sostenidos en el tiempo, el caso también deja bajo examen la capacidad de vigilancia frente a una operación que, de acuerdo con las autoridades, movía y ocultaba fondos por distintas vías, incluidas criptomonedas como Bitcoin. La medida de coerción representa un avance judicial, pero el expediente mantiene abierta una pregunta de fondo: cómo una estructura de este alcance pudo operar desde Santiago hasta proyectarse internacionalmente antes de ser desmantelada.