La discusión sobre la ética pública reapareció con referencias al “juego limpio”, pero ese planteamiento deja al descubierto una verdad incómoda: si desde espacios públicos y del sector privado continúan malas prácticas que contradicen ese ideal, la prioridad no puede limitarse a invocar valores, sino a reforzar la fiscalización y la rendición de cuentas.
El texto resalta, en ese marco, a Milagros Ortiz Bosch y a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, por su papel en la denuncia y persecución de la corrupción. Ese reconocimiento, lejos de cerrar la conversación, pone de relieve la magnitud de una “larga cola” de apropiación de bienes públicos por parte de minorías que, según se describe, han acumulado fortunas mientras se profundiza la miseria del pueblo y se compromete el porvenir nacional.
También se alude al llamado de la ministra Faride Raful a fortalecer la convivencia ciudadana, a la propuesta de un “contrato social por una sociedad justa basada en el respeto a los valores éticos y la empatía con los más necesitados” formulada por Reynoso en La Vega, y a la campaña pública “Inquebrantables”, impulsada por el Gobierno a favor de la juventud. Sin embargo, el contraste entre ese lenguaje y la admisión de prácticas corruptas dentro del Estado y fuera de él obliga a una lectura menos complaciente: la ética no puede quedarse en consigna institucional ni en pedagogía pública mientras sigan abiertas las demandas de control efectivo.
El resultado es más una alerta institucional que una celebración. Si el país todavía necesita insistir en “expiar” décadas de juego sucio, es porque el problema sigue teniendo efectos concretos sobre la vida de la gente. De ahí que cualquier apelación oficial a la decencia solo adquiera verdadero valor político cuando se traduce en vigilancia sostenida, sanciones y resultados verificables, no únicamente en mensajes edificantes.