Los dueños del Jet Set acudieron ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional con un recurso para modificar la forma en que se están ejecutando las medidas conservatorias dictadas luego del colapso del establecimiento, en un expediente que sigue bajo la lupa por su impacto institucional.
La apelación fue presentada por Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat, Ana Grecia López y varias sociedades comerciales ligadas al grupo empresarial. Su planteamiento no pone en duda ni la garantía de RD$500 millones fijada por el Primer Juzgado de la Instrucción ni la procedencia de la medida cautelar; lo que objetan es que distintos actores civiles hayan podido trabar embargos e inscribir hipotecas judiciales de forma independiente, cada uno por hasta ese monto.
De acuerdo con los recurrentes, esa ejecución ha generado una superposición de medidas que ya rebasa los RD$1,500 millones, tres veces el límite autorizado en la resolución impugnada. A partir de ese argumento, sostienen que se desnaturaliza la finalidad cautelar prevista en el Código Procesal Penal, se vulnera el principio de proporcionalidad y se transforma una garantía única en múltiples afectaciones patrimoniales simultáneas sobre los mismos bienes.
La defensa solicita a la Corte que revoque solo el ordinal relacionado con la modalidad de ejecución de las medidas conservatorias y que autorice la constitución de la garantía de RD$500 millones mediante una fianza emitida por una compañía aseguradora. También afirma que la legislación y la jurisprudencia permiten sustituir embargos por una garantía equivalente cuando esta resguarda de manera adecuada los derechos de los acreedores.
Más allá del recurso, el caso vuelve a colocar en primer plano una exigencia central para la ciudadanía: que la respuesta judicial no quede atrapada en tecnicismos ni termine transmitiendo una señal de fragilidad institucional frente a un proceso de alto costo social. En medio del desgaste que arrastran las autoridades ante casos que reclaman resultados verificables, la discusión sobre la forma de la garantía refuerza la necesidad de vigilancia pública para que la reparación no quede reducida a otra distancia entre discurso y realidad.