Las denuncias de integrantes del sector artístico han puesto al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en el centro de otra fiscalización pública, esta vez por la manera en que, según los testimonios difundidos, fue entregado el cuerpo de Stuart Ortiz y por el trato recibido por la familia durante el proceso. La queja describe un contraste fuerte entre la obligación institucional de actuar con dignidad y el resultado denunciado.
Emilio Fernández afirmó que desde el principio los parientes se toparon con una atención insensible por parte del personal. “Mira, desde que empezamos el proceso, el trato fue súper hostil. Le hablaban súper mal a los familiares, no daban informaciones, nada”, dijo, al insistir en la falta de comunicación y de humanidad en un momento de duelo.
Orestes Amador, de su lado, escribió en Instagram que las condiciones en que fue entregado el cadáver le impidieron a la familia despedirse de su ser querido con la dignidad esperada. Además, calificó la situación como inaceptable y pidió aclarar qué ocurrió en el manejo forense del caso.
Más allá del episodio concreto, los reclamos apuntan a una falla institucional: la necesidad de revisar los protocolos de atención, el manejo de cuerpos y el trato a las familias que acuden al Inacif en medio del dolor. Los actores solicitaron que las autoridades competentes investiguen lo ocurrido, establezcan responsabilidades si las hubiera y adopten medidas que garanticen un trato humano y respetuoso.
Por ahora, el Inacif no ha ofrecido una respuesta pública sobre las denuncias. Ese silencio alimenta la exigencia de rendición de cuentas en un caso que vuelve a poner sobre la mesa el desgaste de la gestión pública cuando el ciudadano se encuentra con instituciones cerradas, sin información y lejos de la sensibilidad que el Estado está obligado a garantizar.