La orden del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, de someter a pruebas de testosterona a militares mayores de 30 años y facilitar terapias de reemplazo hormonal sumó un nuevo frente de desgaste para la administración de Donald Trump, al trasladar al Pentágono una disputa política y cultural que ahora también enfrenta cuestionamientos de gestión y resultados.
El Pentágono sostiene que la medida busca mejorar la preparación física de las tropas, pero la iniciativa ya generó reparos en el Congreso y reabrió un debate que va mucho más allá de la medicina militar. Sus detractores subrayan una contradicción en la agenda conservadora: mientras rechaza tratamientos hormonales para menores transgénero, impulsa intervenciones parecidas cuando se presentan como una herramienta para fortalecer a los soldados.
La orden dispone que los miembros de las Fuerzas Armadas mayores de 30 años sean evaluados en sus chequeos médicos anuales para medir sus niveles de testosterona, y prevé acceso a terapia de reemplazo de testosterona para quienes registren niveles clínicamente bajos. Sin embargo, junto con el discurso de fortalecimiento físico persisten dudas científicas, operativas y presupuestarias, además de una alerta institucional sobre hasta qué punto las decisiones de salud militar responden a criterios estrictamente técnicos o quedan subordinadas a la guerra cultural promovida desde la administración Trump, un debate que mantiene bajo vigilancia al Congreso y a sectores de la sociedad civil.