El Gobierno propuso endurecer la supervisión de las leyes de incentivos fiscales para prevenir abusos en la concesión de exenciones tributarias, en una admisión de que los controles vigentes no han funcionado de manera uniforme. La iniciativa, presentada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, forma parte del paquete fiscal y se centra en los recursos que el Estado deja de recibir por estos beneficios.
Díaz explicó que el proyecto no suprime los incentivos existentes, pero sí pretende otorgar un papel más activo al Ministerio de Hacienda y Economía en la evaluación de nuevas solicitudes. Según afirmó, ya hay disposiciones que permiten a esa cartera emitir opiniones sobre los incentivos, aunque reconoció que esas atribuciones no siempre se han aplicado de forma consistente.
La propuesta además dispone que cualquier objeción de Hacienda y Economía deberá ser validada por el presidente de la República, de modo que la revisión de exenciones queda sujeta a una decisión política en un asunto sensible para los ingresos públicos. El Gobierno sostiene que busca garantizar que los incentivos se concedan conforme a la ley, produzcan el impacto económico previsto y mejoren la eficiencia del sistema tributario, en medio de una discusión fiscal que vuelve a poner bajo escrutinio el costo de las exenciones para el Estado.