El Gobierno dominicano estaría ultimando una reforma fiscal orientada a recaudar RD$ 60,000 millones adicionales para el Estado, con una presentación prevista para la tarde de este jueves 11 de junio, pese a que en los últimos meses economistas habían advertido que el contexto económico, social y político no era el más adecuado para impulsar cambios profundos al sistema tributario.
A finales de diciembre de 2025 e inicios de 2026, distintos especialistas plantearon que el fortalecimiento de las finanzas públicas debía avanzar mediante ajustes administrativos y medidas de gradualismo fiscal, en lugar de una reforma estructural. En esa misma línea, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, había dicho en enero que una eventual reforma solo se llevaría a cabo si existían las condiciones políticas y sociales necesarias. «Si no llega el momento, nos manejaremos con los ingresos que tengamos», afirmó entonces.
El exgobernador del Banco Central, José Lois Malkún, también consideró poco probable una reforma en el corto plazo y sostuvo que «no creo que las condiciones estén dadas». Según explicó, las prioridades del Gobierno de Luis Abinader estaban concentradas en concluir obras de infraestructura pendientes, avanzar en reformas institucionales y sacar adelante proyectos legislativos como el Código Laboral y la reforma a la Seguridad Social. El giro hacia una reforma fiscal en este escenario coloca bajo escrutinio la coherencia de la hoja de ruta oficial y la capacidad del Gobierno para justificar por qué ahora impulsa una medida que antes condicionaba al consenso político y social.