Un informe sobre Gaza convierte la denuncia en una demanda de fiscalización frente a la pasividad internacional. Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, afirmó en un texto presentado en marzo de 2024 que existían fundamentos razonables para considerar que se estaban cometiendo actos incluidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
La conclusión, según el documento, no responde a una consigna política, sino a la observación de los hechos y a la aplicación del derecho internacional. En su análisis aparecen como elementos centrales los asesinatos, los daños físicos y mentales, y la imposición de condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física de la población palestina de Gaza. El informe también registró la destrucción masiva de viviendas e infraestructura indispensable para la supervivencia de la población.
El texto contrapone la gravedad de lo denunciado con el silencio de las potencias occidentales y advierte que callar ante la devastación de civiles, hospitales, escuelas y hogares deja de ser una postura neutral. Así, la tragedia humanitaria queda planteada como una alerta institucional que exige vigilancia de la sociedad civil y respuestas verificables de los actores con poder de decisión, ante el costo humano de una crisis que el sistema internacional sigue sin contener.