La Fuerza del Pueblo acudió este lunes a la Cámara de Cuentas para pedir una fiscalización sobre el Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN) y sobre todos los recursos públicos asignados a la reforma policial entre 2021 y 2026. La organización entiende que, antes de abrir una nueva etapa, el Gobierno debe rendir cuentas sobre el dinero ejecutado y los resultados obtenidos.
La solicitud la presentó Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa organización, quien afirmó que el órgano fiscalizador puede disponer una auditoría especial, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 10-04. El reclamo coincidió con la presentación de un nuevo proyecto de ley promovido por el Gobierno dentro de la reforma policial, aunque la dirigente opositora insistió en que no debe seguir acumulándose discurso oficial sin aclarar primero qué ocurrió con los fondos ya destinados al proceso.
Reynoso recordó que desde 2021 se han anunciado inversiones, programas y acciones para transformar la Policía Nacional. No obstante, señaló que continúan las dudas sobre el alcance de esas medidas frente a la percepción de inseguridad y los hechos de violencia registrados en el país, un contraste que hace necesaria la revisión del uso de los recursos públicos.
De acuerdo con su explicación, la auditoría permitiría precisar el monto total invertido entre 2021 y 2026, los recursos administrados mediante el fideicomiso, el destino de esos fondos, el nivel de ejecución de los proyectos financiados y el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. También serviría para comprobar si existe correspondencia entre la inversión realizada y los resultados alcanzados en el proceso de transformación institucional.
La representante de la Fuerza del Pueblo recordó además que, al inicio de la reforma policial, sus propios coordinadores ya habían planteado la necesidad de realizar auditorías. Con ese antecedente, la petición opositora se presenta como una advertencia institucional sobre una reforma ampliamente impulsada desde el poder, pero todavía obligada a demostrar con cuentas claras y resultados verificables que no se quedó en anuncios.