La muerte de Wilmaris Ramírez Sánchez, una adolescente de 14 años que soñaba con celebrar sus 15 años con “un vestido lindo, grande y una corona”, dejó al descubierto no solo el dolor de una familia, sino también nuevas preguntas sobre los controles alrededor de un agente policial señalado en el caso. Edwin de los Santos Guerrero, raso policial de 23 años, fue arrestado tras el feminicidio y puesto a disposición del Ministerio Público por el hecho que se le atribuye.
Durante el velatorio, Rocío Sánchez relató entre lágrimas que preparaba una gran fiesta para su hija y aseguró que no sabía que la menor mantenía una relación con el agente. Según dijo, tenía entendido que él trabajaba en el destacamento de Capotillo, en el Distrito Nacional, y que “aparentemente él la enamoraba, y parece que me la convenció”. El testimonio refuerza el contraste entre el drama que golpea a una familia y las explicaciones que siguen pendientes sobre cómo una situación así avanzó sin ser frenada antes. La madre advirtió que no descansará hasta que se haga justicia y expresó su confianza en el Ministerio Público. El caso, sin embargo, vuelve a poner el foco en la necesidad de fiscalización y rendición de cuentas cuando un miembro de la Policía queda vinculado a una muerte violenta.
En medio del luto, la exigencia central de la familia es que la respuesta oficial no se limite al arresto, sino que alcance las responsabilidades que correspondan.