La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) rebatió la acusación de que los cabildos adeudan 300 millones de dólares a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) y colocó el debate en otro punto: el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional y del artículo 134 de la Ley General de Electricidad 125-01. Su presidente, Nelson Núñez, sostuvo que, si existe una deuda municipal, también debe revisarse la obligación de las distribuidoras de pagar a los ayuntamientos el 3% de la facturación corriente recaudada dentro de cada jurisdicción.
Según la sentencia 0100/13 del Tribunal Constitucional, las EDES “deben pagar mensualmente el 3% de la facturación corriente recaudada dentro de la jurisdicción de cada municipio y sus distritos municipales”, mientras los municipios y distritos municipales asumen el consumo eléctrico del alumbrado público y otras instalaciones. Núñez afirmó que desde 2013 las EDES no han cumplido con ese ordenamiento, lo que, a su juicio, ha generado una deuda “incalculable” con los ayuntamientos del país.
Fedomu advirtió que esa morosidad vinculada al servicio de alumbrado público es uno de los factores del déficit presupuestario que enfrentan los cabildos para cumplir sus funciones. La respuesta surge luego de que Celso Marranzini alegara que la falta de pago de las alcaldías representa una carga para el Estado de 300 millones de dólares durante 2025, en una controversia que ahora desplaza la atención hacia las cuentas pendientes y la rendición de cuentas de las distribuidoras.