La forma en que se administra el gasto en salud mental vuelve a poner en primer plano la brecha entre lo que el Estado promete y lo que realmente asegura. Aunque la Ley n.º 12-06 consagra el derecho a una atención digna y de calidad, el propio diseño presupuestario descrito en el texto impide hacerlo efectivo y deja a los ciudadanos entre normas que reconocen derechos y una estructura pública que no les ofrece una salida real.
La contradicción que se destaca es que, por tradición, el área apenas recibe alrededor del 0,7 % del presupuesto general de salud, aun cuando las autoridades anuncian incrementos y la Organización Mundial de la Salud recomienda un 5 %. La distancia se hace mayor porque, según los propios planes estratégicos del Estado, cerca del 20 % de la población dominicana padece algún trastorno mental. En la práctica, el problema queda admitido en el discurso oficial, pero sin el financiamiento necesario para enfrentarlo.
Según la pieza original, el resultado es un sistema en el que la atención psicológica y psiquiátrica existe como derecho formal, pero para quien necesita ayuda se convierte en un laberinto burocrático, legal y económico. Más que una discusión técnica sobre partidas, el texto lanza una alerta institucional: cuando el presupuesto no acompaña la ley, la política pública termina trasladando a pacientes y familias el costo de esa incoherencia.