La resolución judicial que excluyó del expediente a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, mediante un No Ha Lugar, terminó convirtiéndose en un golpe político para el Partido Revolucionario Moderno (PRM). La organización había hecho de la lucha contra la corrupción y del fin de la impunidad dos de los ejes principales de su propuesta electoral, respaldada en la supuesta idoneidad de un Ministerio Público independiente. En cambio, el fallo supone un triunfo político para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que venía sosteniendo que existía una judicialización de la política en su contra.
La decisión también refuerza al expresidente Danilo Medina y al PLD, que afirmaban que había una persecución política destinada a afectar la marca del partido morado desde su salida del poder en 2020. Así, el caso deja de ser una bandera del discurso oficial y pasa a convertirse en un foco de cuestionamientos por la distancia entre la narrativa del Gobierno y el desenlace judicial de uno de los expedientes más emblemáticos.
La controversia se intensificó con el comunicado de la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, quien reprochó la manipulación de la justicia con fines políticos y advirtió sobre su efecto en la integridad institucional. A ello se agregó la información difundida por Castillo en sus redes sociales sobre la restitución de una visa de diez años que le había sido cancelada, un elemento que vuelve a poner bajo escrutinio el manejo político de procesos que el oficialismo presentó como prueba de su compromiso con la transparencia.