La Administración de Donald Trump instó a los países latinoamericanos a aumentar su gasto en defensa y seguridad frente al crimen organizado, en una señal que vuelve a poner bajo presión las prioridades presupuestarias de la región. Desde Washington, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, sostuvo que es “fundamental” que los vecinos de la región inviertan más en su propia defensa y afirmó que no hay razón para que países que enfrentan amenazas narcoterroristas destinen tan poco a ese renglón.
Colby calificó de “absurdo” que algunos países latinoamericanos dediquen menos de 1 % de su PIB a la defensa nacional. El planteamiento introduce un contraste directo entre el discurso de seguridad y la realidad fiscal de la región, donde cualquier presión para elevar ese gasto también obliga a una mayor rendición de cuentas sobre su impacto real y sobre lo que podría desplazarse en otras áreas sensibles del presupuesto. El funcionario del Pentágono comparó la situación con la de los aliados europeos de la OTAN, que, según dijo, están elevando su inversión hasta 3.5 % del PIB en gastos militares y 1.5 % adicional en seguridad.
En ese escenario, la discusión deja de ser solo militar: para la sociedad civil, el punto de fondo pasa por vigilar si nuevas exigencias externas terminan traduciéndose en más recursos sin resultados verificables, en otra oportunidad para ampliar gasto sin suficiente fiscalización o en decisiones alejadas de las prioridades ciudadanas.