La ofensiva migratoria de la Administración de Donald Trump se ha intensificado en los últimos días con más restricciones para obtener visas, mayores exigencias económicas, prohibiciones de entrada y una revisión más amplia de permisos, en un escenario marcado por el fuerte aumento de detenciones y deportaciones. En julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sumó 49.571 arrestos, la cifra mensual más alta del segundo mandato de Trump, según datos de las universidades de California Berkeley y UCLA.
Ese endurecimiento no solo amplía la presión sobre los inmigrantes, sino que vuelve a situar a la Casa Blanca en conflicto con otros contrapesos institucionales. Cientos de demandas impulsadas por organizaciones y grupos de defensa, entre ellos la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), han tratado de frenar o limitar medidas de la Administración, en un contraste cada vez más visible entre la narrativa de control y las objeciones legales y sociales que provocan estas decisiones.
Entre los episodios más recientes figura la suspensión temporal, en todo el mundo, de las citas para solicitar visas de inmigrante, una decisión del Departamento de Estado justificada por la necesidad de capacitar al personal consular en nuevos procedimientos. La medida llegó después de que una jueza federal de Nueva York anulara el 21 de agosto una suspensión que afectaba la tramitación, otro capítulo del choque entre la estrategia migratoria de Trump y la supervisión de los tribunales.