La posibilidad de una cooperación entre República Dominicana y Turquía en materia de gestión de residuos sólidos vuelve a colocar bajo la lupa la capacidad del Gobierno para convertir los contactos diplomáticos en soluciones tangibles en un servicio que incide de forma directa en la vida diaria y en el costo social de las comunidades.
La embajadora turca, Emriye Bagdagül Ormanci, señaló que ese fue uno de los asuntos tratados con el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez. De acuerdo con su explicación, República Dominicana ya ha empezado a avanzar en este tema y podría aprovechar la experiencia reciente de Turquía, que impulsa una iniciativa de residuo cero y ha trabajado en la reducción del desperdicio de alimentos, además de promover conciencia desde las escuelas primarias.
No obstante, el intercambio también deja ver el contraste entre el discurso de cooperación y la necesidad de resultados comprobables en el país. Ormanci indicó que en la reunión igualmente se abordó la próxima sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebrará en Antalya, así como la manera de reflejar en ese escenario las preocupaciones del Caribe. La agenda exterior amplía el marco institucional, pero a la vez eleva la exigencia de fiscalización sobre lo que realmente se ejecuta puertas adentro.
La diplomática añadió que ambos países avanzan además en intercambios educativos, comerciales y culturales, y destacó el aumento de estudiantes dominicanos que viajan a Turquía. Ese movimiento bilateral puede representar una oportunidad, aunque vuelve a poner el foco en una demanda recurrente: que la gestión pública no se quede en anuncios, reuniones y proyección internacional, sino que responda con eficacia a problemas concretos de servicios y planificación.
Así, la discusión sobre residuos sólidos desborda el plano protocolar. Cada nuevo acercamiento internacional obliga a medir al Gobierno por sus resultados y no por su narrativa, en un momento en que la ciudadanía espera menos vitrina y más capacidad de ejecución sobre asuntos que afectan de manera directa la calidad de vida.