La captura de cinco personas de entre 19 y 23 años por su presunta vinculación con el secuestro de un empresario y el asesinato de cuatro acompañantes en las inmediaciones de Trujillo no cerró el caso: lo desplazó hacia una fase de mayor fiscalización. Aunque la Policía Nacional de Perú sostiene que tiene pruebas, comunicaciones relacionadas con los hechos y una confesión directa, las detenciones quedaron rodeadas de cuestionamientos por una supuesta incongruencia entre las características físicas de los arrestados y las imágenes registradas por cámaras de seguridad.
Ese contraste entre la versión oficial y la evidencia visual elevó la presión sobre las autoridades. En las grabaciones, los presuntos autores aparecen con uniformes policiales, un dato que añade gravedad institucional al crimen y obliga a esclarecer no solo quiénes participaron directamente, sino también bajo qué circunstancias se produjo el ataque. Los cinco sospechosos siguen bajo custodia mientras avanzan las diligencias para determinar el grado de participación de cada uno. La Policía informó los arrestos al Ministerio Público, que continuará las actuaciones dentro de la investigación. En los próximos días está prevista una reconstrucción pormenorizada para comparar los movimientos de los detenidos con las acciones observadas en las cámaras.
El proceso buscará establecer si los arrestados intervinieron efectivamente en el secuestro y en los asesinatos, en un caso cuyo costo social y cuyas dudas iniciales mantienen abierta la exigencia de rendición de cuentas.