Las denuncias de residentes de Brisa del Este, en Santo Domingo Este, vuelven a poner en la mira la actuación de las autoridades frente a conflictos de propiedad que terminan con familias fuera de sus hogares. Los comunitarios reportaron presuntos desalojos irregulares, agresiones físicas y demolición de viviendas en terrenos que, según afirman, ocupan desde hace más de 20 años.
En un encuentro con la prensa, los afectados aseguraron que al menos cuatro coroneles reclaman la propiedad de los terrenos en disputa, aunque sostienen que esas personas no han logrado demostrar que son las dueñas. Luciano Heredia relató que fue desalojado por la fuerza y que su vivienda fue demolida, por lo que ahora vive junto a su familia en la casa de su hermano.
Raúl Fernández denunció que, al pedir identificación y una orden de desalojo durante uno de los operativos, fue agredido junto a su esposa e hija. Además, afirmó que adquirió la propiedad mediante un proceso formal de compraventa y mostró documentos que, según dijo, respaldan su reclamo, entre ellos una Constancia Anotada del Registro de Títulos de Santo Domingo, certificaciones de la Dirección General de Impuestos Internos y un acto de venta de inmueble legalizado por un notario público. El caso abre un nuevo foco de tensión institucional alrededor de procedimientos que los residentes consideran irregulares y que piden sean aclarados.