El desalojo llevado a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales contra El Navío Bar & Seafood, en la franja costera de Pedernales, quedó en entredicho después de que su propietario, Odanis Antonio Grullón, denunciara que la acción se ejecutó en violación de una sentencia judicial que, según indicó, suspendía la aplicación de la Resolución No. 009-2026. La denuncia centra la atención en las explicaciones oficiales que se esperan sobre el cumplimiento de las decisiones de los tribunales y la actuación administrativa.
En una entrevista telefónica con El Nuevo Diario, Grullón admitió que el negocio estaba ubicado dentro de la zona protegida de 60 metros medidos a partir de la pleamar, pero aseguró que su permanencia allí había sido autorizada por el propio Ministerio de Medio Ambiente mediante excepciones contempladas en la legislación ambiental. Entre esos permisos mencionó la Autorización No. VCMYM-511-2021, de fecha 14 de mayo de 2021, emitida tras inspecciones técnicas de funcionarios ambientales y autoridades de Recursos Costeros y Marinos, así como otras aprobaciones posteriores para ampliaciones, pasarelas y reparaciones.
El empresario agregó que la Ordenanza Civil No. 250-2026-SCIV-00026, dictada el 25 de marzo de 2026 por el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pedernales, disponía suspender el desalojo hasta que el Tribunal Superior Administrativo conociera el recurso contencioso administrativo presentado contra la resolución de Medio Ambiente. A ello se suma su afirmación de que no recibió notificación previa del retiro reciente, lo que acentúa el contraste entre la medida ejecutada y el proceso legal que, de acuerdo con su versión, seguía abierto.