La reducción de 116 a 15 miembros en la Asociación de Comercios de la Avenida Duarte (Asoduarte) ha convertido a esa zona comercial en un caso de alerta sobre la capacidad del Estado para regular y fiscalizar cambios de alto impacto económico. Aunque los comerciantes aclaran que su objeción no es la llegada de una nueva nacionalidad, sí sostienen que las autoridades no supieron administrar ni regular el crecimiento del comercio chino en el país.
Los vendedores ubican el inicio de esa transformación en 2018, con la apertura de nuevas tiendas por parte de nacionales chinos. “En un inicio, éramos 116 integrantes. Hoy día, quedamos 15. Lo demás es todo comercio chino”, afirmó José Luis García, representante de la entidad. Para Asoduarte, el problema de fondo no es la competencia en sí, sino una percepción de desigualdad frente a las instituciones y al cumplimiento de las reglas, en un corredor que durante años fue uno de los grandes polos de compradores de la capital. Entre las trabas que describen, señalan que algunos negocios operan en locales alquilados y cambian de nombre con frecuencia, lo que dificulta que tengan un Registro Nacional de Contribuyentes fijo.
Aun cuando García reconoce que la llegada de tiendas con propietarios chinos dinamizó la avenida y obligó a los comerciantes tradicionales a adaptarse, el reclamo del gremio reabre el contraste entre el discurso oficial de orden y formalidad y la realidad que denuncian en la Duarte: una expansión comercial que, según su versión, avanzó sin controles equivalentes ni respuestas efectivas del Gobierno dominicano.