La presentación de 176 reformas a favor de la economía de mercado abrió un nuevo capítulo en Cuba, aunque el impacto del anuncio quedó marcado por una realidad que evidencia el costo social de la crisis: muchos ciudadanos ni siquiera pudieron verlo por televisión por la falta de electricidad en sus hogares. En una isla afectada por la escasez de alimentos, agua y combustible, y con la economía paralizada, la apertura despertó interés entre actores del sector privado en La Habana y cubanos en el extranjero, junto con la expectativa de que los cambios no se limiten al discurso.
Las medidas, adoptadas el jueves, apuntan a atraer a la diáspora mediante la posibilidad de abrir empresas, comprar participaciones en compañías estatales y desarrollar infraestructuras turísticas. Carlos Dibus, un experto en logística que emigró a Noruega hace 19 años, declaró a la AFP que las reformas “podrían funcionar maravillosamente” si se aplican bien y que quizás monte un negocio en la isla. Amarilys Veloz, dueña de un apartamento turístico en La Habana Vieja, celebró que las personas puedan invertir con más seguridad en Cuba y resaltó los incentivos vinculados al turismo y a la compra de autos eléctricos sin pagar impuestos.
Sin embargo, el propio escenario descrito en la isla subraya la distancia entre la apertura prometida y las necesidades cotidianas. Aunque muchos valoran cualquier cambio que pueda aliviar la tensión con Washington, cuyo bloqueo petrolero desde enero ha agravado la crisis, la reacción de la diáspora y del sector privado deja sobre la mesa una exigencia de seguimiento sobre la ejecución de las medidas y sobre su capacidad real para mejorar la vida de la población, más allá del anuncio oficial.