SAN JOSÉ. – La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que presentará un proyecto de ley para autorizar la grabación en audio y video de las visitas a presos en cárceles de máxima seguridad, una medida que el Gobierno asocia con la necesidad de cortar la coordinación de actividades criminales desde el sistema penitenciario.
Con ese planteamiento, el Ejecutivo pone el acento sobre una debilidad que, según la mandataria, ha permitido que reclusos sigan enviando mensajes a través de visitantes, incluidos familiares y abogados, debido a que la normativa actual impide ese tipo de controles. Después de reunirse con altos mandos policiales, Fernández afirmó que no se puede permitir que delincuentes de alto calibre operen desde prisión, mientras el Gobierno asegura haber identificado unas 260 estructuras criminales activas en el país, integradas por miles de miembros, y reclamó mayor acción del Organismo de Investigación Judicial.
Además, la presidenta incorporó como parte de su estrategia el avance de una nueva megacárcel de alta seguridad con capacidad para más de 5.000 internos y dijo que su administración evalúa controles internos adicionales en las fuerzas policiales, incluidas pruebas de polígrafo para mandos de seguridad. Las medidas se expusieron en un escenario marcado por el aumento de los homicidios y por el reconocimiento oficial de que el crimen organizado mantiene capacidad de operación, incluso desde los centros penitenciarios.