La denuncia de presunto maltrato infantil en un centro de atención de San Pedro de Macorís volvió a poner en entredicho la capacidad de vigilancia del sistema de protección, luego de que CONANI informara que solicitó al Ministerio de Educación un informe sobre la supervisión de ese establecimiento mientras el caso sigue en manos del Ministerio Público.
El organismo explicó que actuó “en nuestra calidad de órgano rector del Sistema Nacional de Protección”, aunque el hecho de que la intervención se produjera después de las denuncias y acabara con las personas responsables del centro detenidas acentúa el contraste entre el discurso institucional y lo ocurrido dentro del lugar investigado.
CONANI señaló que su Oficina Regional Higuamo participó en el operativo a requerimiento de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones. Según las autoridades a cargo de la investigación, los niños y niñas fueron entregados a sus padres, madres o tutores.
Pese a que CONANI reiteró su compromiso con la protección integral de la niñez y la adolescencia, así como con el debido proceso, el caso deja una alerta institucional difícil de pasar por alto: si fue necesaria una intervención con detenciones para actuar, la prioridad ya no es solo acompañar el expediente, sino aclarar cómo operaba el centro bajo la mirada de los organismos llamados a supervisarlo y evitar que la respuesta oficial se limite a reaccionar cuando el daño ya está denunciado.