La obligación de adoptar la facturación electrónica para pequeños contribuyentes, microempresas y contribuyentes no clasificados se topa con un problema evidente de gestión: comerciantes consultados en sectores del Distrito Nacional aseguran que no saben cómo opera el sistema y temen que su aplicación derive en una mayor carga impositiva y, por tanto, en una merma de sus ingresos. Pese a ello, la DGII mantiene para el 15 de noviembre el plazo final y ha insistido en que no concederá prórroga.
En un recorrido por María Auxiliadora, Ensanche Luperón, Ensanche Espaillat, Villa Consuelo, Villa Juana y 27 de Febrero, Listín Diario comprobó la desinformación entre emprendedores y la existencia de comercios no legalizados. Ante el nuevo esquema promovido por la DGII, varios propietarios dijeron que primero evaluarán si les conviene y que, si no lo ven viable, preferirían salir del mercado, una señal del costo social que podría tener una puesta en marcha sin suficiente comprensión en la base comercial más pequeña.
En 27 de Febrero, Mateo Muñoz, dueño de un colmado ubicado en su casa, reconoció que no domina la información sobre el sistema y que ni siquiera factura. “No manejo eso, no facturo ni siquiera. Si es necesario, se implementa, pero no te diría que lo voy a implementar porque desconozco los funcionamientos, porque esto es un negocio pequeño; pero si hay que implementarlo, y hay que hacerlo, se hace”, dijo. También señaló que antes de asumir la medida tendría que saber si implicará pagar más impuestos y si esos pagos podrían recuperarse; de lo contrario, abandonaría la actividad comercial. El caso deja ver el contraste entre la exigencia oficial y la realidad de pequeños negocios que llegan a la fecha límite sin información clara ni certeza sobre el impacto.