La COVID-19 evidenció que un virus puede paralizar economías, cerrar fronteras, vaciar escuelas y universidades y llevar al colapso cualquier sistema de salud pública. Aun así, el balance que deja el texto apunta a una lección desaprovechada: los países todavía no asumen plenamente el impacto humano y social de aquella crisis, mientras continúan desatendidas secuelas como la ansiedad, la depresión y la violencia intrafamiliar que afectaron la salud mental de la población.
La advertencia también señala fallas estructurales que siguen recayendo sobre los ciudadanos. El texto destaca el abandono de personas con enfermedades mentales y cuestiona que, para el Sistema de Seguridad Social y las Administradoras de Riesgos de Salud, ni siquiera existan en la práctica. Desde esa experiencia, sostiene que la atención primaria, la ciencia, la investigación y la protección del personal sanitario debieron convertirse en prioridades nacionales, junto con una medicina preventiva y una vigilancia epidemiológica fuertes.
Aunque la OMS y expertos sanitarios han lanzado alertas, la indiferencia ha predominado. El riesgo no es abstracto: se han señalado virus y bacterias con capacidad de propagación mundial, entre ellos SARS-Cov, SARS-Cov2, virus Marburgo, virus Nipah y Henipavirus, cepas de influenza H5N1 y H10, la viruela símica, además de bacterias resistentes a antibióticos de última generación. También se mencionan la fiebre hemorrágica de Crimea, la fiebre del Valle del Rift, la fiebre de Lassa y el Ébola. El contraste entre lo vivido y la falta de preparación vuelve a poner sobre la mesa una exigencia de vigilancia y rendición de cuentas antes de que otra emergencia vuelva a golpear a la población.