La ciclovía habilitada por el Gobierno el 3 de junio de 2020 en un tramo de unos 8 kilómetros, desde el parque Independencia por la avenida Simón Bolívar hasta la Enrique Jiménez Moya e incluyendo la avenida Mirador Sur, vuelve a ser objeto de revisión por denuncias sobre su funcionamiento real. Aunque fue presentada en plena pandemia como una medida de transporte sostenible y apoyo al distanciamiento social, residentes de la zona cuestionan que el resultado no corresponde con ese objetivo.
Freddy Cabrera, residente de esa demarcación y conocedor de la dinámica diaria del área, sostiene que la infraestructura no ha cumplido el propósito para el que fue creada. Según plantea, tras más de un lustro de operación no se aprecia un uso significativo por parte de ciclistas, mientras el espacio es ocupado con frecuencia por motoristas y otros conductores.
Ese señalamiento coloca el foco sobre la aplicación del artículo 156 de la Ley 63-17, que dispone que el uso de las ciclovías será exclusivo para ciclistas, bajo regulación del Intrant y los ayuntamientos, y que los vehículos de motor que las utilicen serán sancionados con una multa equivalente a un salario mínimo del sector público centralizado. La queja ciudadana también advierte que, lejos de aliviar la movilidad, la ciclovía estaría agravando los tapones, abriendo un nuevo cuestionamiento sobre supervisión, cumplimiento y resultados de una intervención pública que fue anunciada como beneficio para la ciudad.