El ascenso económico de China vuelve a situar en el centro una discusión esencial de la economía política: hasta qué punto un sistema autoritario puede sostener el crecimiento a largo plazo sin instituciones abiertas ni contrapesos. El texto arranca de un dato ampliamente reconocido: desde las reformas impulsadas por Deng Xiaoping en 1978, China pasó de ser una sociedad pobre y mayoritariamente agrícola a convertirse en la segunda economía más grande del mundo, con peso manufacturero, infraestructura de primer nivel y capacidad para competir tecnológicamente con Estados Unidos, todo ello bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino.
Sin embargo, ese desempeño, lejos de cerrar el debate, refuerza la necesidad de vigilar la concentración del poder. La pieza recupera el planteamiento de Daron Acemoglu y James Robinson en Por qué fracasan los países: la prosperidad duradera depende de instituciones políticas y económicas inclusivas, con poder distribuido, derechos de propiedad protegidos, incentivos a la innovación y participación libre en la vida económica y política. Desde esa lógica, los sistemas extractivos pueden crecer con rapidez durante un tiempo, pero acaban topándose con límites por la restricción a la competencia, la innovación y la destrucción creativa.
De ese modo, el caso chino aparece menos como una refutación definitiva que como una advertencia institucional. Aunque a primera vista desafía la idea de que desarrollo y liberalización política avanzan juntos, el contraste entre crecimiento económico y centralización política mantiene abierta la pregunta de fondo sobre la sostenibilidad real de ese modelo en el largo plazo.