El caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) volvió a dejar una señal de alerta sobre el curso del proceso judicial: si un imputado no puede cubrir la garantía económica impuesta por el tribunal, permanece en prisión. Eso ocurrió con Ana Ledesma, quien seguía en preventiva pese a que el 16 de julio se le había variado la medida por arresto domiciliario, uso de brazalete electrónico, impedimento de salida del país y el pago de RD$20 millones.
Este miércoles, el juez de la instrucción Deybi Timiteo Peguero redujo ese monto a RD$5 millones. El abogado Wagner Rodríguez explicó que, mientras no se pague lo dispuesto, el encartado deberá continuar en prisión. La situación reabre la fiscalización sobre un expediente que involucra a Senasa y que mantiene bajo medidas de coerción a varios procesados.
En el mismo caso también figuran Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes en diciembre se les impusieron arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país. Además, Ángel Luis Guzmán Vásquez sigue con prisión preventiva de 18 meses, ratificada el 30 de julio por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El proceso, más allá del trámite judicial, mantiene el contraste entre el discurso institucional y las preguntas pendientes sobre control, supervisión y rendición de cuentas en un servicio público sensible.