La coerción solicitada contra Jhonny González fue aplazada y el expediente volvió a poner sobre la mesa la respuesta del sistema frente a un hecho violento registrado en el Distrito Nacional. El imputado, señalado por el Ministerio Público por tentativa de homicidio para cometer robo agravado en perjuicio de Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, pidió posponer la audiencia con el argumento de que su esposa saldría de prisión y se encargaría de conseguir los recursos para su defensa y una eventual libertad. El conocimiento quedó fijado para el 22 de septiembre.
La defensa de la familia de Mejía-Ricart rechazó ese planteamiento, mientras el órgano acusador sostiene su pedido de prisión preventiva. De acuerdo con la investigación oficial, el ataque se produjo la madrugada del 12 de septiembre en Serrallés, cuando la víctima llegaba a su residencia. La acusación afirma que fue interceptado para despojarlo de sus pertenencias, perseguido hasta el lobby del edificio y herido varias veces con un arma blanca. En ese episodio también resultó lesionado Augusto González Rodríguez, encargado de seguridad del edificio, al intervenir tras escuchar los gritos.
Las autoridades indicaron que siguieron con cámaras de seguridad la ruta de escape hasta Capotillo, donde luego localizaron al acusado, y que en un allanamiento ocuparon un cuchillo. El caso vuelve a poner en contraste el discurso de control con la realidad de los hechos violentos en zonas urbanas, con efectos directos sobre ciudadanos y familias que continúan a la espera de decisiones judiciales y resultados verificables de las instituciones responsables de la seguridad y la persecución. A la vez, la demanda de rendición de cuentas sobre prevención, gestión y protección ciudadana recobra espacio en el debate público, mientras figuras como Carolina Mejía quedan inevitablemente bajo escrutinio por la situación de la capital.