El caso Jet Set entra en una nueva etapa con el envío a juicio de fondo de Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, una decisión que sitúa de nuevo en primer plano uno de los expedientes más sensibles del país y las fallas que rodearon la tragedia. El juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, concluyó que la acusación del Ministerio Público reúne méritos suficientes para ser conocida en un juicio oral, público y contradictorio.
Con esta resolución se mantienen la calificación jurídica de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, así como la medida de coerción de garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Aunque el envío a juicio no equivale a una condena, sí supone que otro tribunal deberá valorar las pruebas, escuchar a testigos y peritos, y determinar si existe responsabilidad penal por el colapso del techo del Jet Set Club, ocurrido el 8 de abril de 2025.
La tragedia dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas durante una actividad artística, y desde entonces ha abierto un debate nacional que va más allá de los imputados: la seguridad estructural, la fiscalización estatal, los derechos de las víctimas y las garantías judiciales. La apertura del juicio de fondo vuelve a colocar bajo escrutinio si, ante una tragedia de esta magnitud, las instituciones han estado a la altura de las exigencias de control y rendición de cuentas.