El Primer Juzgado de la Instrucción ordenó la inmovilización de bienes por RD$500 millones a Antonio y Maribel Espaillat, en una decisión orientada a garantizar una eventual reparación económica a las víctimas del colapso del centro de entretenimiento Jet Set, si el proceso concluye con condena. El juez Raymundo Mejía también dispuso la apertura a juicio de fondo por homicidio involuntario, en un caso que dejó 236 fallecidos y 180 heridos.
La medida, informada por Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, marca un paso de control judicial sobre un expediente de alto impacto social, al tiempo que el tribunal admitió las pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales presentadas por el Ministerio Público, así como las pruebas a descargo de los imputados. También fueron admitidas las constituciones en querellantes y actores civiles que cumplieron con los requisitos legales.
El tribunal incluyó además a terceros civilmente demandados, entre ellos varias empresas de los Espaillat, cuyos elementos probatorios serán debatidos en juicio. Mientras tanto, se mantuvieron la garantía económica de RD$50 millones para cada imputado, el impedimento de salida del país y la presentación periódica, en una decisión que mantiene bajo vigilancia judicial un proceso seguido de cerca por la magnitud de sus consecuencias humanas y económicas.