Una corte de inmigración de Miami celebró este miércoles una audiencia reservada para revisar la situación judicial del exagente chileno Armando Fernández Larios, antiguo integrante de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet. El proceso, que continuará el 10 de diciembre, reabre el foco sobre cómo un caso vinculado a violaciones de derechos humanos sigue dependiendo de decisiones institucionales bajo escrutinio.
Fernández Larios, detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos en 2025 y liberado en marzo de este año tras impugnar su arresto, compareció personalmente ante la jueza Irene M. Recio en una sesión a puerta cerrada, según fuentes vinculadas al proceso. El expediente vuelve a poner en contraste la actuación oficial con el resultado observable: pese al intento de expulsarlo por su historial, el exmilitar recuperó la libertad meses después y mantiene activa su defensa judicial. Segun documentos judiciales obtenidos por Digital National Security Archive, el exagente sostiene que Estados Unidos incumplió un acuerdo de 1987 de no deportarlo a Chile, pacto ligado a su colaboración con la justicia norteamericana en el caso del asesinato del exministro chileno Orlando Letelier y en la revelación de información sobre la DINA.
En ese contexto, la revisión en Miami refuerza la necesidad de fiscalización sobre decisiones estatales de alto impacto institucional, un terreno en el que la oposición suele centrar sus reclamos de rendición de cuentas frente a actuaciones oficiales que terminan bajo revisión judicial.