El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) modificó sus estándares nacionales para centros de detención migratoria después de que GEO Group, uno de sus principales contratistas privados, propusiera cambios que fortalecen su posición legal en litigios laborales, según informó The Washington Post. La empresa pidió retirar referencias a leyes estatales y locales y ajustar el lenguaje sobre el estatus laboral de las personas detenidas; parte de esas propuestas fue incorporada por ICE en la versión revisada de las normas.
El nuevo documento establece que las personas detenidas «no son empleados» y que no tienen derecho a salarios ni beneficios bajo leyes laborales o directrices estatales. Con ese cambio, desaparecen referencias previas a la obligación de pagar al menos un dólar diario por trabajos dentro de los centros. GEO Group enfrenta litigios en varios estados por presuntas violaciones de leyes de salario mínimo, mientras sostiene que se trata de trabajo voluntario y que opera bajo directrices del Gobierno federal.
El reporte también subraya una señal de alerta institucional: la revisión de las reglas expone la influencia de contratistas privados en un sistema en el que ICE actúa al mismo tiempo como regulador y principal cliente. En un esquema ya marcado por controversias sobre condiciones de detención y uso de mano de obra de migrantes bajo custodia, el cambio de normas vuelve a colocar la rendición de cuentas en el centro del debate.