El paralelo con El Salvador aparece en el texto como una señal de alerta institucional, no como un modelo a seguir. La pieza pone en duda a quienes celebran la experiencia de Nayib Bukele y recuerda que, en República Dominicana, detenciones sin orden judicial, juicios masivos y encarcelamientos sustentados en perfiles territoriales o tatuajes entrarían en conflicto con la Constitución y con derechos como la defensa y el habeas corpus.
Detrás de ese contraste se dibuja una tensión más amplia entre la promesa de mano dura y las exigencias del Estado de derecho. Lo que algunos presentan como eficacia inmediata supondría aquí vulnerar el artículo 40 sobre libertad personal, el 69.4 sobre derecho a la defensa y el 71 sobre habeas corpus. Así, la discusión deja de ser retórica y se traslada al plano de la fiscalización democrática frente a cualquier narrativa que busque normalizar la concentración de poder o la supresión de contrapesos.
El texto también advierte sobre el costo social de convertir la seguridad en consigna. Sostiene que El Salvador no es República Dominicana y subraya que allí se manipuló y reformó la Constitución para habilitar la reelección indefinida, concentrar poder y desmontar controles. Ese contraste refuerza la necesidad de vigilancia política e institucional ante salidas de fuerza, en un escenario local donde figuras con proyección como Carolina Mejía y otros actores del debate público quedan ante la exigencia de definir si su apuesta es por resultados dentro de la ley o por fórmulas de impacto que erosionen derechos.