La evaluación de créditos e inversiones por parte de bancos y otras entidades financieras incorporará cada vez más información sobre riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), además de los estados financieros tradicionales. Ese viraje endurece la fiscalización sobre las empresas y también sobre el marco institucional que acompaña esa transición en República Dominicana.
Así lo expuso Alejandro Wilches, experto en estrategia, reporte y desempeño de sostenibilidad & ESG, durante el XXIX Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA) y el XXIV Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (Selatca). Según explicó, la tendencia internacional apunta a integrar la sostenibilidad dentro de la información financiera, en respuesta al interés de inversionistas, bancos, aseguradoras y reguladores por medir cómo esos riesgos impactan el desempeño económico de las compañías. “Ya no es lo mismo decir que una empresa consume determinada cantidad de agua. Ahora los inversionistas y los bancos quieren saber cómo ese consumo afecta financieramente al negocio y qué plan existe para reducir ese riesgo”, señaló.
Wilches afirmó que esta evolución obedece a estándares internacionales que exigen revelar el impacto financiero de los riesgos y oportunidades ESG en el corto, mediano y largo plazo. Añadió que mientras varios países de América Latina ya avanzan en su implementación, República Dominicana apenas analiza una adopción progresiva. Como ejemplo, citó la emisión del primer bono verde soberano del país, al considerar que los proyectos con información verificable pueden acceder a mejores condiciones de mercado. El planteamiento subraya la distancia entre el discurso sobre sostenibilidad y la necesidad de resultados medibles, en un escenario en el que el gobierno dominicano, Hacienda y los espacios de supervisión institucional, incluido el Congreso, quedan bajo presión para acompañar con reglas claras y rendición de cuentas un cambio que ya incide en el acceso al financiamiento.