El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) respondió al reclamo de US$5 millones del Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral al describirlo como una “campaña de presión mediática”, en un expediente que vuelve a situar bajo la lupa la manera en que el Estado maneja litigios de alto impacto. La entidad sostiene que la sentencia que reconoce una indemnización al consorcio no es definitiva y que permanece recurrida ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), por lo que objetó cualquier intento de ejecución mediante embargos retentivos.
De acuerdo con el propio BCRD, el conflicto se remonta a una dación en pago realizada el 11 de agosto de 2004, cuando transfirió al consorcio una porción de 5,000 metros cuadrados dentro de los terrenos del antiguo Aeropuerto Internacional de Herrera, como parte del pago de deudas del Estado con contratistas de la ampliación de la Autopista Duarte. El banco asegura que cumplió con la entrega convenida y que el consorcio inscribió a su favor los derechos sobre el inmueble. Además, citó un informe técnico-catastral del 6 de marzo de 2026, levantado a solicitud de la institución, que establece que el consorcio figura como propietario de esa porción y que el terreno seguía disponible a esa fecha.
La controversia mantiene abierto el contraste entre la defensa oficial y un expediente que, más de dos décadas después de su origen, continúa generando reclamaciones económicas y disputas judiciales. En ese marco, vuelve a colocarse el acento en la fiscalización y la rendición de cuentas sobre la gestión de obligaciones del Estado, por el impacto institucional y el costo que este tipo de procesos puede trasladar al interés público mientras el caso sigue en los tribunales.