La llegada de Luis Abinader al poder, asociada a una promesa de transformación ética, aparece hoy en el texto como una distancia cada vez más evidente entre lo dicho y lo hecho. La democracia dominicana, según esa lectura, se habría vaciado hasta quedar como un andamiaje que valida decisiones ajenas a las necesidades de la clase trabajadora, mientras el Congreso Nacional funcionaría como un espacio que resguarda a una élite política y complica cualquier fiscalización real.
Desde esa perspectiva, la institucionalidad termina sirviendo de cobertura a una política que afecta a los sectores más vulnerables y deja sin consecuencias a quienes saquean el erario público. El texto retoma las protestas en la Plaza de la Bandera y los señalamientos que entonces hacía Abinader contra la corrupción del gobierno de Danilo Medina, para contrastarlos con una gestión que, de acuerdo con la crítica, ha conservado las mismas estructuras de privilegio que antes cuestionaba.
Las objeciones alcanzan también a los partidos y al sistema de justicia, presentados como piezas de un modelo cerrado que protege a los poderosos y frena las aspiraciones de progreso de la mayoría. En ese marco, la crítica opositora se apoya en una demanda central: vigilancia institucional, control efectivo del poder y respuestas pendientes ante una ciudadanía que esperaba el fin de la podredumbre administrativa y hoy enfrenta una distancia creciente entre la retórica oficial y los resultados visibles.