Sesenta y cinco años después del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo Molina, la República Dominicana conserva libertades públicas, pluralidad política y elecciones periódicas, pero continúa cargando problemas estructurales que erosionan la confianza en la democracia. En el debate nacional persisten las denuncias sobre privilegios, impunidad, corrupción y desigualdad, señales de que la consolidación de la justicia social y la igualdad ante la ley sigue pendiente.
Ese contraste entre los avances democráticos y las deudas institucionales ocupa el centro de la preocupación de historiadores y politólogos, que alertan sobre el aumento de jóvenes que muestran simpatía por figuras autoritarias o creen que bajo las dictaduras “se vivía mejor”. El fenómeno, según el texto, se vincula con frustración social, desencanto político y desconocimiento histórico, en un escenario donde muchos nacieron en democracia y no vivieron el miedo, la censura ni la violencia política de los regímenes autoritarios.
A 65 años del final de 31 años de terror político, persecución y control absoluto del Estado, la advertencia no se limita a la memoria histórica. También deja una alerta institucional: cuando persisten la desigualdad, la impunidad y la falta de resultados en temas sensibles, se debilita la valoración ciudadana de la democracia y se abre espacio a discursos que relativizan el costo real de las dictaduras.