Las nuevas denuncias sobre SENASA reactivan una alerta institucional que va más allá del expediente puntual y vuelve a poner en duda la capacidad del Gobierno dominicano para supervisar los recursos públicos destinados a la salud. El señalamiento reaparece en medio de escándalos de corrupción que han estallado recientemente, mientras la población sigue afrontando el aumento de los combustibles, de la factura eléctrica y de otras presiones cotidianas, lo que expone el contraste entre la agenda oficial y las prioridades ciudadanas.
La denuncia repasa que desde hace años se ha advertido sobre la sobrevaluación de facturación por consultas y estudios a usuarios del servicio, una práctica cuya prevención atribuye a la gerencia de SENASA en sus distintos niveles, además de a centros de salud, sobre todo privados. También recoge que algunos médicos sostienen que las ARS, en particular SENASA, no destinan una cuota razonable por cada paciente asegurado que atienden, un dato que vuelve a colocar bajo fiscalización la gestión y los incentivos del sistema.
El señalamiento más grave apunta a que la corrupción habría escalado hasta la más alta dirección. El texto menciona el escándalo encabezado por el pasado gerente general de SENASA, Santiago Hazin, por más de RD$6,000.00 millones de pesos, y suma una cadena de hechos que involucra a médicos, personal administrativo de centros médicos privados y empleados de distintos niveles de SENASA. Según la denuncia, además de sobrevaluar facturas de pacientes atendidos, se habrían registrado usuarios no atendidos mediante falsificación de firmas para sustraer fondos del seguro, un cuadro que agrava el desgaste de la gestión y la exigencia de rendición de cuentas sobre dinero que debía destinarse a cubrir necesidades de salud.