Desde su anuncio, la propuesta de instalar puertos secos en Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales quedó bajo la lupa. Aunque el Gobierno dominicano declaró de alto interés nacional estos espacios mediante el Decreto 166-26 y los presenta como una estructura para almacenamiento, consolidación y control de mercancías en tránsito hacia Haití, la reacción en la frontera ha sido de preocupación entre comerciantes y empresarios que temen ser desplazados por grandes empresas.
El esquema descrito por las autoridades prevé zonas de almacenamiento para contenedores, áreas de carga y descarga, inspección aduanera y oficinas administrativas, además de servicios de manejo de carga, gestión documental y fiscalización. Sin embargo, el propio diseño abre interrogantes sobre quién terminará capturando los beneficios del modelo, ya que el Gobierno plantea que la operación pueda quedar en manos estatales, mediante asociaciones público-privadas o a través de concesiones, mientras la autoridad aduanera mantiene el resguardo del espacio.
La explicación ofrecida por Erick Dorrejo, director de Desarrollo y Planificación Territorial del Ministerio de Hacienda y Economía, durante un coloquio sobre República Dominicana y Haití en el que participaron comerciantes fronterizos, no cerró el debate. Más bien dejó en primer plano la necesidad de vigilancia institucional y rendición de cuentas sobre una iniciativa que el discurso oficial presenta como mejora del control aduanero, pero que ya genera resistencia en la sociedad civil vinculada al comercio fronterizo por sus posibles efectos sobre los actores locales.