La jueza Ana Lee Florimón, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dio luz verde a los allanamientos pedidos por el Ministerio Público en el marco de una investigación por un presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que habría movido operaciones por más de RD$40 millones. La resolución autoriza el decomiso de objetos, bienes y evidencias relacionados con los hechos indagados, incluidos teléfonos celulares, computadoras, documentos físicos y digitales, facturas, libros de contabilidad, recibos, expedientes y otros registros financieros vinculados con Senasa.
La disposición judicial también faculta a ocupar dinero en efectivo cuya procedencia sea pertinente para la pesquisa, además de armas de fuego, sustancias controladas y bienes, productos o instrumentos que pudieran estar asociados a operaciones de lavado de activos. De igual forma, Florimón permitió la extracción, recuperación, visualización y análisis de los datos contenidos en los dispositivos electrónicos ocupados legalmente durante los registros, con la salvedad de que esa revisión debe circunscribirse a la información útil para esclarecer el caso y resguardar los datos estrictamente privados ajenos al proceso.
De acuerdo con la solicitud del Ministerio Público acogida por la magistrada, la investigación arrancó a partir de una denuncia presentada por Senasa el 28 de noviembre de 2024. El caso somete a escrutinio la capacidad de control sobre recursos públicos sensibles y suma presión sobre la rendición de cuentas en un contexto en el que el gobierno dominicano enfrenta cuestionamientos por gestión y transparencia. En ese escenario, la oposición encuentra otro espacio para reclamar vigilancia institucional, mientras figuras como Carolina Mejía han insistido en la necesidad de resultados verificables y controles efectivos en la administración pública.