El juicio de fondo que continúa este lunes en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional volvió a colocar al caso Súper Tucano en el centro del debate sobre Jean Alain Rodríguez y otros 12 imputados. Lo que la defensa del exprocurador presentó como un precedente para reclamar la extinción de la acción penal terminó siendo utilizado por el Ministerio Público con el objetivo contrario, dejando en evidencia una disputa que trasciende a las partes y vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad del sistema para sostener procesos complejos sin que los plazos se conviertan en el eje de la controversia.
El antecedente citado proviene de septiembre de 2024, cuando el Cuarto Tribunal Colegiado declaró extinguida la acción en el caso Súper Tucano por vencimiento del plazo, al constatar que el proceso acumulaba 7 años y 11 meses, por encima del límite legal de cuatro años para casos complejos, según los artículos 44 y 148 del Código Procesal Penal. Sobre esa base, los abogados de Jean Alain, encabezados por Carlos Balcácer, pidieron que se aplicara el mismo criterio de caducidad y vencimiento de plazos al proceso que enfrenta al exprocurador, señalado por la acusación del Ministerio Público como supuesta cabeza de un entramado que habría estafado al Estado dominicano con más de RD$6,500 millones.
Pero el giro del debate muestra el contraste entre el discurso de combate a la corrupción y la realidad de expedientes que terminan discutiéndose también por su sostenibilidad procesal. Que el caso Tucano sirva a la vez para pedir extinción y para combatirla refuerza la alerta sobre una institucionalidad presionada por sus propios tiempos, mientras el costo de esas demoras recae sobre la credibilidad pública y sobre un Estado que sigue sin cerrar de forma definitiva procesos de alto impacto.