La decisión de Luis Abinader de ponerse al frente del oficialista PRM volvió a encender un debate que el propio texto enlaza con una tradición de caudillismo que el país no ha conseguido dejar atrás. Más que un simple movimiento interno, la jugada del presidente abre una alerta institucional: compartir la conducción del Gobierno con la dirección de su partido ocurre justo cuando esa organización se prepara para definir su candidatura presidencial de 2028, un proceso en el que se juega su continuidad en el poder.
Desde el principio, Abinader afirmó que no tomó esa responsabilidad para imponer a un “heredero o heredera”, con la intención de conservar una imagen de árbitro imparcial. Sin embargo, la distancia entre el discurso y los hechos permanece abierta, porque esa promesa solo podrá sostenerse si sus acciones logran convencer a los aspirantes del PRM de que competirán en igualdad de condiciones y con garantías democráticas, y no únicamente por una declaración.
Pero la cuestión de fondo va más allá de la interna oficialista. El propio planteamiento insiste en que el deber del mandatario es asegurarle a la mayoría que no pertenece al PRM que esta nueva carga política no apartará su atención ni sus energías de la tarea de gobernar un país complejo. Ahí se mantiene la exigencia de rendición de cuentas: si la sucesión anticipada gana terreno dentro del oficialismo, también crecerá el escrutinio sobre si el Gobierno está enfocado en resolver los problemas nacionales o en administrar el desgaste de su proyecto de poder.