Meta aceptó pagar 16.700 millones de dólares y restringir Instagram y Facebook para los adolescentes en Estados Unidos, en un acuerdo que busca cerrar un juicio histórico por adicción de menores a las redes sociales. El caso, todavía sujeto a validación de la justicia, coloca bajo mayor escrutinio a una de las mayores plataformas del mundo tras acusaciones de haber diseñado entornos adictivos para adolescentes, mentido sobre sus efectos y violado una ley federal sobre los datos de menores de 13 años.
Ese entendimiento resuelve la parte más pesada de múltiples acusaciones contra las redes sociales, señaladas de haber provocado una crisis de salud mental entre jóvenes estadounidenses. También abre un precedente para YouTube, TikTok y Snapchat, igualmente alcanzadas por miles de demandas, en una señal de alerta institucional sobre un modelo digital que durante años avanzó más rápido que los controles y la protección efectiva de los usuarios más vulnerables.
La presión que desembocó en este acuerdo se arrastró por casi cinco años y tomó fuerza tras la investigación abierta a finales de 2021 por las revelaciones de Frances Haugen sobre pesquisas internas de Meta y las demandas presentadas en 2023 por varias decenas de estados. Dentro del arreglo, la empresa se comprometió a introducir cambios importantes para limitar el acceso de los jóvenes a sus productos, una corrección que refuerza el reclamo de vigilancia de la sociedad civil y de rendición de cuentas frente al costo social atribuido a estas plataformas.