El aumento de la matrícula no ha resuelto una de las brechas más sensibles del sistema educativo: la inclusión de estudiantes con condiciones especiales sigue avanzando con lentitud, mientras familias reportan obstáculos para conseguir no solo un cupo, sino las condiciones mínimas para garantizar aprendizaje y permanencia. En el país existen 59 centros y estancias de educación especial del sector público, divididos en 35 escuelas de educación especial y 23 centros para alumnos sordos.
La distancia entre la normativa y lo que ocurre en los planteles vuelve a quedar expuesta en las denuncias de padres. Aunque el Ministerio de Educación establece que los centros deben garantizar acceso, permanencia, participación y promoción sin discriminación ni exclusión, una madre identificada como Ana denunció que su hijo, estudiante del Centro Educativo San Benito, del Distrito Educativo 15-04, fue retirado del plantel luego de identificarse que presenta déficit de atención. Según relató, tras realizarle los estudios correspondientes, desde el centro le pidieron retirar sus documentos y su solicitud para que continuara estudiando sigue en espera. A esa presión se suma la sobrecarga en las aulas. José Luis García, presidente de la seccional de la Zona Norte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), advirtió que hay centros con hasta 45 estudiantes, una condición que limita la atención que requiere un alumno con mayores apoyos sin descuidar al resto del grupo.
El cuadro refuerza las preguntas sobre la capacidad real de cumplimiento de la Ordenanza 05-2024, que dispone plazas y apoyos para estudiantes con condiciones especiales, en medio de denuncias que apuntan a fallas de ejecución y a una respuesta institucional todavía insuficiente.