La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) puso este lunes el foco en un problema que, a su juicio, deja expuestos a los poderes públicos y a los órganos del Estado: la falta de ejecución efectiva de sentencias del Tribunal Constitucional. Para la entidad, no basta con que existan decisiones definitivas si no generan consecuencias jurídicas reales, sobre todo cuando su cumplimiento se produce tarde o de manera insuficiente.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, afirmó que estas situaciones deben asumirse con firmeza y recordó que la Constitución, en su artículo 184, dispone que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En ese sentido, subrayó que no se trata de una recomendación para las autoridades, sino de un límite directo al ejercicio del poder público.
Finjus insistió en que la independencia funcional de las instituciones no puede convertirse en margen discrecional frente a disposiciones constitucionales. A su juicio, acatar una sentencia del Tribunal Constitucional no implica subordinación política entre poderes, sino sometimiento común a la norma suprema, una advertencia que vuelve a colocar el acento en la distancia entre el discurso institucional y la ejecución real de decisiones que inciden en el funcionamiento del Estado de derecho.