Luis Abinader promulgó la Ley 16-26, una disposición que permite reconocer y pagar deudas pendientes a contratistas del Estado por obras ejecutadas con o sin contrato formal, en un escenario marcado por reclamos acumulados durante décadas. La medida alcanza a ingenieros, empresas constructoras y suplidores que realizaron trabajos para instituciones públicas y cuyos pagos seguían sin resolverse por problemas administrativos, ausencia de adendas contractuales o falta de formalización documental.
Promulgada el 1 de mayo de 2026, la ley también establece la creación de una comisión especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía para revisar, validar y depurar los expedientes, con el objetivo de determinar cuáles reclamaciones proceden legal y técnicamente. El nuevo mecanismo pone el foco en la necesidad de fiscalizar cómo distintas dependencias del Estado permitieron que obligaciones por obras ejecutadas quedaran pendientes por años.
La legislación tendrá impacto sobre trabajos realizados para el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, Inapa, Indrhi, la Caasd, la desaparecida OISOE y otras instituciones estatales. De acuerdo con datos del Comité Institucional Codiano (CIC), más de 600 personas físicas y jurídicas podrían beneficiarse de la norma, que abre una salida legal a una deuda pública arrastrada mientras persisten preguntas sobre los controles y la gestión que permitieron su acumulación.