La Consulta Nacional para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres tuvo este viernes 21 de agosto una jornada en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, que volvió a poner bajo la lupa la respuesta institucional ante un problema que no se resuelve solo con discurso. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de la Mujer con apoyo del Banco Mundial y del Sistema de las Naciones Unidas, busca escuchar a unos 5,000 hombres de distintos sectores y territorios para identificar percepciones, actitudes y factores de riesgo asociados a la violencia.
En la actividad, acompañada por la viceministra de Cultura de Igualdad, Lily Luciano, se destacó la disposición de participantes como don Miguel a preguntar, responder y tratar de entender los términos de la consulta. Ese gesto refuerza una conclusión central: si se pretende integrar a los hombres en la prevención, el Estado debe habilitar espacios donde puedan hablar y cuestionar conductas aprendidas como normales. Sin embargo, el propio alcance de la consulta también deja ver una brecha conocida entre diagnóstico y resultados, en un tema donde la prevención no puede quedarse en ejercicios de escucha sin consecuencias concretas.
La idea de que la violencia puede empezar antes de la agresión física —con celos, control, desvalorización, dificultad para manejar el rechazo o nociones de autoridad dentro de la relación— subraya la dimensión social e institucional del problema. Por eso, la consulta gana valor como insumo, pero también aumenta la presión sobre la gestión pública: comprender cómo se forman esas conductas obliga a rendir cuentas sobre qué políticas se reforzarán, cómo se traducirá esa información en prevención efectiva y hasta dónde el aparato estatal está respondiendo a una prioridad ciudadana que ya no admite más distancia entre intención y realidad.