La Dirección General de Contrataciones Públicas informó que, con la aplicación de la ley 47-25, ha aumentado la participación de las mipymes en las compras del Estado. Según su titular, Carlos Pimentel, en el primer semestre de 2026 las unidades de compra adjudicaron más de 82.000 contratos y alrededor de un 42% de las ofertas se ha destinado a ese sector, por encima del 30% que fija la legislación.
El funcionario presentó esas cifras como una señal de mayor confianza, agilidad y eficiencia en los procesos. No obstante, el propio volumen de contrataciones y el peso que tienen las mipymes —casi un 98% de las empresas, de acuerdo con sus declaraciones— colocan el foco en la necesidad de seguimiento sobre cómo se ejecuta ese presupuesto y qué resultados concretos produce esa mayor participación en la economía real. Pimentel reiteró que la normativa sigue en fase de implementación y que sus disposiciones facilitan el acceso a los procesos de compra.
En ese contexto, el aumento de ofertas y adjudicaciones deja abierto el contraste entre el discurso de avance institucional y la obligación de rendir cuentas sobre la calidad, la transparencia y el impacto social de un esquema que ya mueve decenas de miles de contratos en apenas seis meses.