La anulación del acuerdo entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana para la explotación minera volvió a colocar en primer plano un costo ambiental que, según el Ministerio de Medio Ambiente, supera los 120 millones de dólares. El ministro Paíno Henríquez dijo que el Tribunal Superior Administrativo tomó en cuenta un informe técnico de la institución que identificó daños ecológicos aún pendientes de reparación.
De acuerdo con el funcionario, las evidencias surgieron de una investigación realizada por técnicos del ministerio y luego fueron depositadas ante los tribunales. El caso reabre así el contraste entre la explotación desarrollada durante más de siete décadas en las montañas de Bonao y la magnitud del pasivo ambiental ahora reconocida en sede judicial, con un impacto que obliga a exigir explicaciones y seguimiento sobre la capacidad del Estado para prevenir, fiscalizar y corregir este tipo de daños.
Mientras legisladores advirtieron sobre posibles efectos de la sentencia en el clima de inversión, también señalaron que el fallo envía una señal a las empresas extranjeras: el crecimiento económico no puede desligarse del cumplimiento de las normas ambientales. La decisión, más allá del litigio, deja una alerta institucional sobre los costos que terminan aflorando cuando la supervisión pública llega tarde frente a actividades extractivas de largo plazo.